Hace unos días Jordi Solé Tura publicó en este diario un artículo en el que criticaba la negativa del gobierno del PP a incluir en las nuevas matrículas de los coches el distintivo autonómico, a la vez que hacía suya la reivindicación de CiU (y supongo que también del PNV) de incluirlos, apelando a la división administrativa actual de España.

Con lo primero estoy de acuerdo, pero con lo segundo no. Y es que tan imposición me parece privar a algunos ciudadanos de la posibilidad de incluir del distintivo autonómico, como obligar a otros a llevarlo en contra de su voluntad; porque, por lo que yo sé, ambas propuestas, aunque opuestas, tenían en común que eran mutuamente excluyentes.

Lamentablemente, ningún grupo político propuso, al parecer, la única solución que a mí me parece válida, la de entregar las matrículas sin distintivo autonómico de ninguna clase pero con la posibilidad de que voluntariamente (recalco lo de voluntariamente) pudiera incorporarlo el que así lo deseara, sin imposiciones de ningún tipo ni para los unos ni para los otros. Téngase en cuenta que no todos los españoles tenemos por qué estar de acuerdo en que nos impongan la denominación de origen en nuestros coches, y tan respetable encuentro esta postura, que personalmente es la que yo comparto, como la de aquéllos otros que sí deseaban que su comunidad autónoma figurara en sus vehículos y se han visto privados de un derecho asimismo legítimo.

¿Tan difícil resulta que los políticos nos dejen elegir a los ciudadanos por nosotros mismos?