Está visto que, dentro de la preocupante falta de cultura general que a modo de epidemia asola las redacciones de los periódicos, la geografía es una de las disciplinas más castigadas. Y conste que no me refiero a la de países o ciudades más o menos exóticos que en ocasiones ni siquiera existían hace algunos años (¿sabría alguien decirme, así a bote pronto y sin mirarlo en la Wikipedia, las capitales de Sudán del Sur o de Kiribati?), sino a la propia geografía española, esa que antaño nos enseñaban completa y ahora, al parecer, se estudia troceada en las diferentes taifas autonómicas.

Y es que la cosa tiene bemoles. En un artículo publicado el 10 de septiembre de 2019 en la edición digital de EL MUNDO, titulado Desplome de temperaturas, tormentas y fuertes vientos con 27 provincias en riesgo -obvio el “pequeño detalle” de no especificar el tipo de riesgo-, tropecé con esta sorprendente modificación de la geografía política española:

“Las últimas provincias en riesgo son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde las tormentas serán fuertes y continuarán hasta el miércoles y las lluvias podrán dejar hasta 50 litros por metro cuadrado.”

Vaya, vaya... ahora resulta que España no tiene cincuenta provincias, que son las que estudié yo, sino con al menos cincuenta y tres -queda la incógnita de Cabrera, a la que no alude el redactor- al haberse dividido la de las Islas Baleares en nada menos que cuatro, cada una de ellas correspondiente a las cuatro islas principales del archipiélago. ¿O no?

Pues no. Desde que en 1833 se implantó la actual división provincial -las anteriores a ésta fueron todas de carácter efímero-, salvo pequeños retoques de los límites de algunas provincias, la única modificación de calibre realizada en estos 186 años fue la división en 1927 de la provincia de Canarias en las dos actuales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Puesto que la Constitución de 1978 blindó los límites provinciales al convertir a éstas en circunscripciones electorales, las modificaciones impuestas por la implantación del actual sistema autonómico se limitaron a reorganizaciones de algunas antiguas regiones -siempre con provincias enteras- o a cambios en los nombres oficiales de algunas de éstas, pero nunca a rediseños de sus superficies.

Por supuesto las Baleares no fueron una excepción salvo en lo referente a su denominación oficial, que, en 1997 pasó a ser la de Illes Balears, mientras el territorio provincial formado por las cinco islas principales y un puñado de islotes se mantuvo incólume. Cierto es que las islas de los archipiélagos balear y canario, a causa de su singularidad, cuentan con unas circunscripciones propias denominadas consejos insulares en el primero -salvo Cabrera- y cabildos insulares en el segundo -salvo La Graciosa-, pero ni los unos ni los otros tienen ni han tenido nunca rango provincial, aunque sí supra municipal.

En resumen, se trata de una garrafal metedura de pata.