En el momento de escribir estas líneas todavía continúan las graves alteraciones del orden público en diversas poblaciones del norte de España, y en especial en el País Vasco, a consecuencia de las manifestaciones organizadas por los trabajadores afectados por los planes de reconversión naval puestos en marcha por el Gobierno de la nación.

Es evidente que, en un régimen de libertades como el nuestro, cualquier persona ha de tener el derecho fundamental de mostrar su disconformidad ante cualquier hecho que estime que lesiona sus legítimos intereses. Pero cuando estas manifestaciones degeneran en unos modos violentos que dejan tras de sí una estela de vehículos destrozados, de autobuses y trenes incendiados, de escaparates rotos, de personas heridas; cuando se provocan unas interrupciones violentas de la convivencia por medio de la utilización de métodos coercitivos que impiden el no menos legítimo derecho a discrepar de una actitud ajena, no se están sino conculcando las más mínimas normas de convivencia propias de una sociedad que se tiene por civilizada.

Pero ocurre, además, que estos colectivos de trabajadores que tan contundentemente defienden su derecho al trabajo, no son sino una gota de agua en el océano de los más de dos millones y medio de españoles que nos encontramos actualmente sin trabajo y que, por una u otra razón, no hemos podido, querido o sabido protestar de una manera violenta por la pérdida de nuestros puesto de trabajo. Somos parados cuyos respectivos casos no son aireados por los medios de comunicación, ni defendidos por los sindicatos; porque, aunque somos muchos, no procedemos de un mismo colectivo, y nuestras problemas carecen, pues, de interés para todos excepto para nosotros mismos, que tenemos que sufrirlos resignadamente y en silencio. Somos, en definitiva, parados de segunda a los que nadie ofrece nada y por los que nadie se interesa.