Hace unos días leí en esta sección que la comunidad autónoma, en una de sus muchas intromisiones en el urbanismo de los municipios de la provincia, había remodelado la lonja del monasterio de El Escorial instalando en ella un mobiliario urbano (farolas y papeleras) que disgustaba a la mayor parte de los vecinos por encontrarlo agresivo con el entorno herreriano del monasterio.

Llama la atención que, como respuesta a las protestas de los vecinos de este municipio, a Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma, tan sólo se le ocurriera decir que con estos artilugios se pretendía “mejorar el entorno del monasterio, pero no mantenerlo en su estado original, uniendo el siglo XVI con el XXI”, así como que “sólo en países muy democráticos como España los vecinos se permitían el lujo de criticar la actuación de las administraciones”, dos breves frases que muestran, por un lado, la arrogancia de este señor, al que parece traerle sin cuidado la opinión de los ciudadanos (y esto está peligrosamente cerca del despotismo ¿ilustrado?), y por otro una posible nostalgia de tiempos pasados en los que los gobernantes avasallaban a los ciudadanos exactamente igual, pero al menos no se molestaban en disimularlo ni presumían de demócratas.

Independientemente de la discusión acerca de si se debe respetar los entornos monumentales o si, por el contrario, resulta conveniente introducir en ellos elementos ajenos a su estilo artístico, existe un dato objetivo: las farolas y papeleras instaladas en la lonja de El Escorial costaron mucho más caras que las clásicas. Para mí se trata claramente de un despilfarro de dinero público, despilfarro aún mayor si, como ocurrió con los famosos supositorios de la Puerta del Sol, luego hay que retirarlas por ser discordantes con su entorno. Conviene recordar que todos estos caprichos salen de nuestros impuestos, y no son precisamente baratos.