Discrepo por completo de las opiniones vertidas por don Santiago Niño Becerra respecto al tema de las opciones de compra de acciones de los ejecutivos de Telefónica, y ello debido básicamente a dos razones.

Primero, porque legalidad no implica necesariamente ética; por poner un ejemplo extremo, y por fortuna excepcional, en la Alemania nazi era legal matar judíos. Sin llegar ni mucho menos a esos límites, encuentro dudosamente éticas prácticas tales como el capitalismo salvaje o la especulación feroz, por muy legales que puedan resultar éstas.

Segundo, porque Telefónica no es lo que yo entiendo por una empresa privada, las cuales evidentemente son muy dueñas de remunerar a sus directivos y empleados de la forma que estimen más conveniente. Para empezar, se trata de una antigua empresa pública que fue privatizada en condiciones de privilegio, conservando todo un patrimonio amasado a lo largo de varias décadas de monopolio absoluto. Este monopolio, por cierto, todavía no ha terminado, ya que lo sigue ejerciendo en condiciones abusivas en campos tales como las llamadas locales o los teléfonos públicos. Y la actividad que desarrolla corresponde a un servicio público básico en el que, creo yo, debería primar no sólo el beneficio económico, sino también el social.

Así pues, con estos parámetros resulta legítimo cuestionar, cuanto menos, la iniciativa del señor Villalonga. Que sea legal es otra cosa muy diferente, pero yo al menos no estoy hablando de eso, y creo que otras muchas personas que lo han criticado, tampoco.