Puede que cada vez sean más los madrileños que optan de forma voluntaria por la sanidad privada, pero éste no es el caso de los funcionarios interinos de la Comunidad de Madrid. En línea con su implacable política de privatizar todo lo privatizable, el gobierno autonómico de la señora Aguirre decidió hace varios años imponer a este colectivo la asistencia sanitaria a través de la UPAM, una red de clínicas y hospitales privados concertados con la CAM muchos de cuyos centros dan un nivel de asistencia inferior al de los centros sanitarios públicos. Desde entonces, y pese a que estos trabajadores cotizan a la Seguridad Social, se les ha venido negando sistemáticamente su derecho a recibir asistencia en la sanidad pública.