En relación con la noticia “150.000 madrileños sin médico asignado desde el pasado 1 de enero”, publicada el martes 13 de enero, desearía puntualizar que la CAM decidió, hace varios años, excluir a sus funcionarios interinos de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, pese a que éstos estaban cotizando, y siguieron haciéndolo, en ella, derivándolos hacia una red de centros privados -la UPAM, que no es una mutua- con un nivel de prestaciones muy inferior al de la sanidad pública. No es cierta la afirmación de que los afectados pudieron elegir entre un médico de cabecera público o de la UPAM; simplemente, se les negó el derecho a seguir disfrutando de la cobertura sanitaria pública por la que cotizaban, sin que sus reclamaciones fueran atendidas en ningún momento.