No soy profesional de la abogacía ni tampoco historiador, pero no tuve por menos que escandalizarme al leer el reportaje sobre el Pazo de Meirás publicado el pasado domingo 9 de septiembre. Pese a que se trató, tal como se explica en el citado artículo, de un expolio apenas camuflado de “donación voluntaria”, con el agravante de que tuvo lugar en plena guerra civil y de que su beneficiario no fue otro que el jefe de los insurrectos, al día de hoy, más de treinta años después de la muerte del dictador, este pazo continúa siendo propiedad de su familia. Conviene recordar, asimismo, que si la citada “donación” fue al jefe del estado, por muy ilegítimo que pudiera haber sido su acceso al poder, en todo caso lo lógico sería que éste lo hubiera disfrutado en calidad de usufructo, correspondiendo la propiedad al Patrimonio Nacional exactamente igual que ocurre con los palacios reales, incluyendo el de la Zarzuela.

Quizá no estaría de más que tanto al Pazo de Meirás como al resto de esos bienes de origen similar se les aplicara también la ley de la Memoria Histórica enmendando, aunque fuera tarde, las injusticias cometidas entonces.