Respecto a la noticia “280.000 usuarios de la sanidad privada pasan a la pública”, publicada en el suplemento de Madrid, sería necesario añadir que, hará cosa de cinco años, el gobierno de la señora Aguirre decidió, de forma unilateral y fulminante, excluir de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a sus funcionarios interinos, a los cuales derivó hacia una red de nueva creación -la UPAM- formada por centros médicos privados con un nivel de prestaciones muy inferior a los de la sanidad pública, al tiempo que provocaba, entre otros “daños colaterales”, la pérdida de los historiales médicos durante el trasiego.

Todos los funcionarios afectados por esta medida, ante la que no cupo recurso alguno ni permitió la libertad de elección, cotizaban a la Seguridad Social y siguieron cotizando en ella, pese a lo cual se les negó el derecho fundamental a seguir disfrutando de su cobertura sanitaria sin que sus reclamaciones fueran atendidas. La reciente medida del gobierno central, por lo tanto, supone tan sólo la devolución de los derechos conculcados por el gobierno de la CAM, por mucho que el consejero Francisco Granados haya pretendido presentarla, en una circular remitida a los “afectados”, como una iniciativa perjudicial para los trabajadores.