En la entrevista publicada el domingo 19 de diciembre en EL PAÍS, el señor Montilla afirmaba textualmente que “El Estatuto [de Cataluña] es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales”, lo cual me ha sorprendido mucho y no precisamente de forma agradable.

Sin pretender entrar en discusiones -esto sería otro debate- sobre los aspectos más conflictivos del nuevo estatuto de autonomía catalán, teniendo en cuenta que los “tribunales” a los que hace alusión el señor Montilla son nada menos que el Tribunal Constitucional, que el presidente autonómico de una de las regiones más importantes de España pretenda imponer la supremacía política sobre la constitucional es algo que debería preocuparnos bastante.

Todavía más grave, si cabe, es que esta afirmación haya salido no de un político nacionalista -que ya se sabe que sus limitados horizontes no suelen ir más allá de los estrechos confines de sus respectivos territorios- sino de un socialista, a los que se supone deberían estar preocupados por el interés común de los ciudadanos, y no por las banderías territoriales... máxime cuando, tal como Fernando Savater se ha hartado de repetir, los únicos derechos merecedores de ser reivindicados son los de los ciudadanos como tales, nunca los basados en presuntos “derechos” históricos, territoriales, étnicos, religiosos o de cualquier otra índole.