Soy lector habitual de los artículos de don Javier Marías, los cuales suelo encontrar casi siempre sensatos y acertados. Sin embargo, constato con desagrado que cuando su colaborador aborda dos o tres temas muy concretos, y sólo entonces, éste abandona toda ponderación para, si se me permite el símil, echarse al monte de la iracundia más irreflexiva, tirando así por la borda su bien merecido prestigio.

Uno de estos temas es precisamente el del tabaco. Huelga decir que el señor Marías tiene todo el derecho del mundo a ser fumador, así como a cuestionar en todo o en parte la recién estrenada ley que regula el consumo de tabaco en algunos -no todos- lugares públicos. Faltaría más. Lo triste, es que el señor Marías, en su artículo La intromisión que no para, opta por destapar la caja de los truenos intentando presentarla como poco menos que una imposición dictatorial que viola los derechos de los ciudadanos, acusando al gobierno de totalitario y de entrometerse “en todas las esferas de la sociedad, en el afán de regularlo, controlarlo e intervenir en todo, de condicionar la vida de los ciudadanos e influir en ella, en no dejarles apenas márgenes de libertad y decirles cómo han de comportarse y organizarse, no sólo en lo público y común, sino asimismo en lo personal y privado”. El señor Marías parece olvidar, en su vehemente diatriba, no ya lo dañino que resulta para la salud el tabaco o que difícilmente se pueda hablar de libertad de elección tratándose de una droga adictiva, sino también que la ley que tanto le disgusta no le impide en absoluto fumar en privado e incluso en muchos lugares públicos, o que el derecho de los no fumadores (un 70 % de la población adulta, más los niños) a no tragar humo ajeno es justo que prevalezca sobre el suyo propio a enhollinar pulmones ajenos.

Por si fuera poco, el señor Marías mezcla las churras con las merinas cuando, en la relación de presuntas intromisiones gubernamentales en la vida de los ciudadanos, mete en el mismo saco que a su irredentismo fumador algo tan grave como la pretensión de los políticos catalanes (y al parecer también de los nacionales) de censurar a los medios de comunicación audiovisuales suplantando la labor de los jueces, así como también la ridícula propuesta que pone en boca del presidente de la Comisión Nacional de Horarios. Sinceramente, no me parece serio.