Imagínense que van paseando por el campo y descubren que una persona se ha caído a un río y se está ahogando. Lo inmediato, sin plantearse otras cuestiones, será salvarla, y luego vendrá ya la indagación de las razones por las que acabó allí: accidente, despiste, negligencia, intento de suicidio o incluso intento de asesinato, según las cuales habría que adoptar unas medidas u otras.

Con la crisis bancaria ocurre algo similar. Independientemente del justificado desagrado que pueda causar, no rescatar a un banco, sobre todo si éste es demasiado grande, podría acarrear unas consecuencias desastrosas para la economía del país, por lo que, nos guste o no, el rescate se constituye en el mal menor frente las otras alternativas.

Lo que resulta de todo punto intolerable es que, una vez decidido el rescate, no se depuren responsabilidades de ningún tipo, pese a la más que evidente negligencia de sus anteriores gestores y las gravísimas consecuencias que ésta ha acarreado. ¿Será porque quienes deberían adoptar esta iniciativa, los políticos, son casualmente juez y parte? Conviene no olvidar que, durante muchos años, han estado jugando al Monopoly con las cajas de ahorros, renunciando deliberadamente a la menor gestión profesional de las mismas... hasta que se les rompió el juguete y lo tuvimos que pagar entre todos.