Cuando el próximo 22 de mayo los residentes en la Comunidad de Madrid vayan a votar en las elecciones municipales y autonómicas, quizá les convendría saber que, pese a estar España sumida en plena crisis económica y con más de un 20% de tasa de paro, el número de diputados autonómicos se ha incrementado en nueve con respecto a la anterior legislatura, lo que supone un aumento del 7,5% sobre los 120 con que contaba ésta y más de un 37% sobre los 94 elegidos en su primera legislatura de 1983.

Huelga decir que este disparatado incremento de escaños supone pagarles a los nuevos diputados unos sueldos bastante superiores a los de la media (la media de los españoles que tienen la suerte de trabajar, se entiende), junto con otros gastos asociados que no son precisamente moco de pavo. Vamos, que en plena crisis económica nos sale bien cara la broma sin que ese aumento de diputados vaya a reflejarse en la menor mejora para los ciudadanos.

La excusa con la que se pretende justificar este dispendio es que el estatuto de autonomía contempla una proporcionalidad entre la población total de la Comunidad de Madrid y el número de diputados autonómicos, pero algo similar ocurre en la Constitución respecto al número de diputados, el cual permite variar entre los 300 y los 400, y sin embargo su número ha permanecido constante en los 350 desde la promulgación de la Constitución en 1978, pese al gran aumento de población experimentado por España en estos años, unos diez millones de personas o, si se prefiere, un 27% del total.

Por lo que se ve, nuestros políticos siempre se las apañan para que las vacas flacas no les afecten a ellos, acaparando por si fuera poco la poca leche que éstas pudieran dar.

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Addenda

Aunque por razones de espacio omití hacer en la carta algunos cálculos, es interesante incluirlos aquí. Según los últimos datos del INE, relativos al 1 de enero de 2010, en España había un total de 47.021.031 habitantes, de los cuales residían en la Comunidad de Madrid 6.458.684. Si dividimos estas cifras por los respectivos parlamentarios nacionales (350) y autonómicos (129 tras la ampliación), nos salen unos cocientes de 134.345,8 personas por diputado para el parlamento nacional y de 50.067,3 para el autonómico. Es decir, el porcentaje de diputados autonómicos en comparación con los nacionales es 2,68 veces mayor, casi el triple. Así pues, para mantener la misma proporción que en el parlamento nacional, el número de diputados autonómicos debería ser de tan sólo 48.

Los cálculos resultan ser todavía más dispares si tomamos como referencia los 35 diputados nacionales elegidos por la circunscripción electoral de la provincia de Madrid, coincidente con la de la comunidad autónoma. En este caso, puesto que la población es la misma, basta con dividir los 129 diputados autonómicos por los 35 nacionales para obtener un cociente de 3,69, cercano al cuádruple.

Y por favor, no se me diga que el coste de este mayor número de diputados se compensa con una mayor cercanía de éstos a los ciudadanos, porque me entra la risa floja. Esto podría servir de excusa -que fuera cierto o es ya otra historia- si, por ejemplo, la Comunidad de Madrid estuviera dividida en distritos, de manera que cada elector tuviera su diputado, al igual que ocurre en Gran Bretaña o como ocurría en España durante la Restauración o la II República. Pero con un sistema de listas cerradas y únicas para toda la circunscripción electoral, díganme ustedes la representatividad que pueden tener cuando, por ejemplo, a Alcalá de Henares, con algo más de 200.000 habitantes le corresponderían cuatro diputados, mientras que así no cuenta con ninguno... al igual que tampoco cuentan con ninguno que les represente Alcobendas, Leganés, Aranjuez o, ni tan siquiera, la propia Madrid. De hecho, a lo único que representan los diputados autonómicos es a sus respectivos partidos; y así nos va.