Aunque tanto el uno como el otro cobren del erario público, y aunque su estabilidad laboral sea prácticamente similar en ambos, estatutariamente el primero y en la práctica el segundo, se trata de dos colectivos laborales muy diferentes. El funcionario accede a su puesto tras superar una oposición; el empleado público no, a lo que hay que añadir la tradicional endogamia que hace frecuentes auténticas sagas familiares empleadas en determinada empresa pública. El funcionario no tiene la menor capacidad de control sobre sus condiciones salariales, el empleado público negocia su convenio colectivo. A igualdad de categoría el funcionario gana por lo general menos sueldo que el empleado público. A los funcionarios les han rebajado el sueldo por decreto ley; a los empleados públicos a nivel nacional no; algunas autonomías sí lo han hecho, con las consecuencias conocidas de la huelga salvaje e ilegal -por la falta de servicios mínimos- en el metro de Madrid.

A ello hay que sumar la escasísima conflictividad laboral de los funcionarios, que contrasta con las de los empleados públicos, léase huelgas en Metro, Renfe o, en su día cuando todavía era empresa pública, en Iberia; huelgas cuyas principales víctimas suelen ser los usuarios de unos servicios públicos fundamentales. Conviene no olvidar tampoco que la conflictividad laboral en estas empresas públicas es asimismo muy superior a la existente en sus equivalentes privados, pese a que las condiciones laborales y salariales suelen ser mucho mejores en el sector público que en el privado.

Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero por favor no los confunda, ya que no son en modo alguno lo mismo.